Cuando una empresa decide finalizar el contrato laboral con un trabajador, debe seguir unas causas y procedimientos establecidos por ley. Si no lo hace de forma adecuada, el despido puede ser declarado como improcedente, lo cual tiene implicaciones importantes para ambas partes.
Un despido improcedente se da cuando el empleador no puede demostrar una causa legal válida para despedir al trabajador, o cuando no respeta los procedimientos establecidos por el Estatuto de los Trabajadores. Esto incluye no dar el preaviso correcto, no justificar los motivos o no entregar la carta de despido conforme a la ley.
Una vez producido el despido, el trabajador tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar una papeleta de conciliación ante el servicio de mediación laboral de su comunidad autónoma. Si no se llega a un acuerdo en esta fase, se podrá presentar una demanda ante el juzgado de lo social.
En los casos en los que el juez declara la improcedencia, el empresario tiene dos opciones: readmitir al trabajador en su puesto, con abono de los salarios de tramitación, o pagar una indemnización. Esta indemnización se calcula según los años trabajados y el salario, aplicando 33 días por año trabajado desde 2012 y 45 días por año en contratos anteriores.
Es importante saber que el trabajador tiene derecho a conocer los motivos del despido por escrito. Si la empresa no entrega esta comunicación o lo hace de forma vaga o incompleta, puede ser motivo suficiente para impugnarlo.
Reclamar un despido improcedente no solo es un derecho, sino una forma de proteger el esfuerzo y el compromiso profesional de quien ha dedicado tiempo y energía a su trabajo. Es fundamental actuar con rapidez y buscar asesoramiento legal lo antes posible para garantizar un resultado justo.
Si te encuentras en esta situación, no estás solo. Un abogado laboralista puede ayudarte a analizar tu caso y guiarte durante todo el proceso de reclamación.